En su recurso, el Gobierno catalán consideraba que, además de presentar defectos formales, el sistema estatal de reparto de fondos era una "irrupción del Estado en las competencias autonómicas de asistencia social". Por ello, reclamaba la "territorialización de cualquier convocatoria que se pretende al amparo de dicho Real Decreto".
Sin embargo, el fallo del Supremo concluye que la atribución de fondos para atender cuestiones de asistencia social "hace referencia a todas aquellas actividades tendentes a atender estados de carencia o necesidad que no tienen cobertura mediante otros títulos específicos" y cree que tiene "un carácter subsidiario" o "complementario" a las competencias autonómicas.
Los fines exceden el límite autonómico
En la sentencia, el TS recuerda que en su momento reconoció la "invasión competencial" para conceder subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pero expone que en que, en aquel caso, la norma "incidía en la materia de asistencia social y, por consiguiente, en una competencia de titularidad autonómica".
De hecho, recuerda que el Real Decreto impugnado regula la concesión de las subvenciones a programas relativos a necesidades educativas, integración laboral, seguridad ciudadana o prevención de la delincuencia" siempre que "la materia contemplada en el programa sea en sí misma competencia ejecutiva del Estado" o exista "un elemento de supraterritorialidad".
En este sentido, subraya que el requisito de supraterritorialidad que establece la regulación de las ayudas refuerza el hecho de que los fines que se persiguen con dichas ayudas "no pueden alcanzarse adecuadamente en el estricto ámbito autonómico".
Los mismos derechos en toda España
"Por primera vez el Supremo nos ha dado la razón, nos dice que las organizaciones podemos hacer nuestras actividades y que, independientemente de donde nazca una persona, tiene que tener los mismos derechos", valora el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
Así, aunque ha asegurado que la plataforma que dirige está "a favor de la transferencia" de competencias y presupuesto para acercar la administración a la ciudadanía, también ha hecho hincapié en que "tiene que haber algo a nivel estatal que lo equilibre" y en el derecho de las entidades sociales a participar como entidades reconocidas por la ley.
"Estamos hablando de unos fondos que son solamente el 0,2% del dinero que el Estado transfiere a las comunidades autónomas en materia de política social", ha subrayado.
En todo caso, ha hecho hincapié en que la sentencia es "una ayuda" pero no la solución "definitiva". "Queremos un modelo que nos garantice la viabilidad para que no tenga que ser cuestionado ni por lo político ni por lo jurídico", ha manifestado.
Poyato ha lamentado que la atribución de la cuantía procedente de la casilla para "fines sociales" de la declaración del IRPF "se ha convertido en una lucha política", especialmente teniendo en cuenta que "la situación es cada día más complicada" para los 13 millones de personas que, según ha asegurado, padecen pobreza o exclusión social en España.
Reclaman un marco estable y recursos
En este sentido, la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Mercedes Ruiz-Giménez ha reivindicado que las entidades sociales "tienen derecho a existir y tienen que conseguir un marco jurídico y de recursos asegurados que les permita prever cuáles son sus acciones y fortalecer las organizaciones".
Además, el vicepresidente de la plataforma, Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido que, una vez recibido el fallo del Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoque el reparto de los fondos a la mayor brevedad.
"El ministerio en funciones puede y debe ya proceder a convocar las subvenciones que estaban a la espera y que estaban generando una enorme inseguridad. Imagínense lo que es empezar el año sin saber si esa parte del dinero que la ciudadanía destina va a llegar o no", ha explicado.
El Ministerio ya ha iniciado los trámites
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha iniciado los trámites para realizar "cuanto antes" la nueva convocatoria de subvenciones para ONG con cargo al 0,7% del IRPF, tras hacerse pública la sentencia que avala estas subvenciones estatales para el tercer sector.
El Ministerio, que dirige Alfonso Alonso, ha mostrado su satisfacción ante la sentencia del Supremo, ya que las subvenciones del IRPF son el principal instrumento de vertebración social del país, ya que el reparto alcanza todos los puntos del territorio nacional.
El contenido de la sentencia permite a la Administración General del Estado mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas.
Pendiente un recurso de los ecologistas
La representante de las organizaciones ecologistas de la Plataforma del Tercer Sector, Asunción Ruiz, cree que "es una buena noticia para el tercer sector pero también es algo que nos viene muy bien a las organizaciones ambientales -ha explicado-. Nosotros estamos a la espera de que el Supremo resuelva un recurso contencioso administrativo que se ha puesto a la convocatoria de subvenciones del último año".
Así, cree que la decisión del tribunal "marca una jurisprudencia que es una bendición" porque "será mucho más fácil que falle a su favor", pese a que reconoce que en el caso del recurso a las subvenciones a entidades ambientales sí es posible que existan "enganches competenciales" con las administraciones autonómicas.
"Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa estamos en una lucha competencial. Pero entendemos que es muy importante que el Tercer Sector tenga unos mínimos que garanticen la equidad y la solidaridad en todo el Estado", ha explicado.
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